Con la participación de profesionales debidamente calificados, decisión política y el compromiso de la comunidad, es posible lograrlo.
Frente a una
problemática tan dolorosa lo que jamás debe ocurrir es permanecer inmovilizados
por el silencio y el miedo. Lejos de ello, la Dirección Nacional de Salud Mental
y Adicciones (DNSMyA), el Ministerio de Salud de la Nación en su conjunto y el
proyecto político que nos guía desde 2003, en línea con lo que postula la OMS,
vienen redoblando esfuerzos para derribar los preconceptos y los estigmas que
suelen atravesar al suicidio y a las personas que lo cometen o lo intentan. Esto
implica llevar adelante diversas acciones desde la salud pública para enfrentar
las múltiples y complejas causas que lo propician.
Es por ello que, cuando
hablamos de suicidio, una de las primeras reflexiones que invitamos a hacer es
entenderlo en toda su complejidad, con un aspecto privado y otro social. El
privado alude al derecho a la intimidad y al respeto al grupo familiar y de
referencia. El social, a las instituciones comunitarias que deben acceder a
información confiable para fortalecer la prevención y promoción de la salud, en
especial en las poblaciones más afectadas y sensibles: los adolescentes y los
adultos mayores.
Quienes tienen intenciones
suicidas padecen un cercenamiento de su horizonte existencial. No logran
vislumbrar un proyecto -individual y/o comunitario- de vida. Por esta razón, las
acciones preventivas que impulsamos se basan, principalmente, en acompañar a
estas personas a encontrar un sentido, un propósito a través del cual, y como
suele decirse, la vida merezca ser vivida.
La clave para ayudar en la
resolución de ese conflicto vital es profundizar la capacitación del equipo
multidisciplinario de profesionales que se desempeñan en la DNSMyA. Pretendemos
que actúe como facilitador, a lo ancho y largo del país, de las políticas y las
acciones públicas en la materia. Una instancia que, por cierto, conlleva además
a tomar nota de las demandas y saberes del territorio.
Entendemos, como establece la
Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que es la red de atención en salud
mental –los Hospitales Generales, Centros de Atención y los Centros Integradores
Comunitarios, entre muchos otros- el ámbito más adecuado para hacer prevención y
contención. Para ayudar a quien lo precise. ¿Cómo? Sobre todo, escuchando.
Porque el dolor –quienes tienen intenciones suicidas están atravesados por él-
no siempre es evidente, pero tiene señales. Escuchar y observar con atención
puede contribuir a reconocerlas y ayudar.
No obstante, ese acercamiento
no puede ni debe darse de cualquier modo. Es necesario, y hasta imperioso,
derribar aquellos preconceptos que no hacen otra cosa que alimentar estigmas y
ahondar el silencio. Hoy sabemos que es posible que las personas con intenciones
o pensamientos suicidas no deseen morir si se produjeran cambios positivos en su
vida. Sabemos que una buena comunicación reduce las chances de que concreten su
cometido. Que la mayoría de quienes se quitaron la vida hizo saber, de algún
modo, su propósito.
Seguir trabajando para lograr
bajar la tasa de suicidio en la Argentina. Este es nuestro cometido. Porque,
para un proyecto político de inclusión social que tiene al respeto y la
ampliación de los Derechos Humanos como pilar fundacional, la defensa de la vida
es un derecho prioritario.
Fuente:http://www.msal.gob.ar
