El Gobierno Nacional aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 26.688, que establece “la sistematización de
dispositivos de investigación y producción pública tanto de medicamentos,
vacunas y productos médicos como de materias primas con recursos del Estado”.
A través del Decreto 1087/2014
publicado en Boletín Oficial este 21 de julio, la Presidenta Cristina Fernández
reglamentó los mecanismos de aplicación de la ley votada hace casi tres años,
estableciendo que “la investigación y producción de medicamentos se orientará
prioritariamente a la generación de medicamentos esenciales, conforme a la
definición de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)”.
La sistematización abarcará los
laboratorios públicos y, además de articularse con universidades e institutos
de investigación públicos -como ANMAT, INTI y ANLIS, entre otros- “deberán
cumplir con las exigencias de buenas prácticas de manufactura exigidas por la
autoridad regulatoria competente y poseer una estructura organizacional,
tecnológica y productiva que responda a las características funcionales de la
industria farmacéutica. La producción sistemática y sostenida deberá orientarse
a la satisfacción de la demanda, como mínimo, de la jurisdicción en la que se
encuentra localizado”, según determina el decreto.
La reglamentación también establece
que se “ordenará la producción con el propósito de evitar la superposición
productiva. Los recursos se utilizarán para fomentar la especialización de los
laboratorios de producción pública y la diversificación de la misma de modo
que, progresivamente, se dé respuesta a la demanda federal”.
Además, determina que el Consejo
Federal de Salud (COFESA) -integrado por las máximas autoridades de Salud
Pública a nivel nacional y en cada provincia-, será el ámbito donde se
acordarán los mecanismos para la promoción de compras centralizadas de insumos.
A partir de ahora, se promoverá
la generación de acuerdos entre jurisdicciones para definir estrategias y procedimientos
operativos que permitan una eficaz distribución de los medicamentos, vacunas y
productos médicos habilitados, y posibiliten el tránsito de productos en todo
el país procurando generar ahorro de costos.
Los medicamentos y vacunas de
producción pública correrán con ventaja en las licitaciones y compras oficiales.
Se impulsarán acuerdos para que se dé preferencia a los laboratorios de producción
públicos en las compras del Estado en todas sus jurisdicciones, otorgándoles
una prioridad, de acuerdo a la ley actual, de hasta un 5% por sobre el precio
del primer mejor oferente.
