En su disertación, expuso el
estado de situación de la salud pública y elaboró algunas propuestas para
abordar esta problemática.
Por Dr. Rubén H. Tucci
Por Dr. Rubén H. Tucci
Las políticas públicas de los años
90, centradas sobre lo económico impulsaron un modelo de país, basado en la
concentración del ingreso y en la exclusión. Estas políticas reservaron para el
área social del Estado el poco digno rol de compensar, o aliviar parte de los
daños que el modelo preveía, en un marco de fragmentación, clientelismo y
rencillas entre jurisdicciones.
La crisis del 2001 estranguló a
todo el sistema de salud, hizo que se recortaran prestaciones, se limitara la
excelencia y se crearan programas de emergencia, aumentando la inequidad. La
gran cantidad de población en situación de pobreza estructural, definida a
partir de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas supuso un
des-equipamiento social de las familias que las colocó en amplia desventaja
para prevenir y enfrentar problemas de salud. La salud de la población se vio
afectada por diversos mecanismos que combinados alcanzaron un efecto devastador
en algunos casos y la preocupante destrucción del tejido social que sirvió como
base a un cuadro de violencia que no tiene precedentes.
Los problemas de financiamiento
del sector público, hospitales, centros de salud, etc. expresado en la caída de la capacidad de compra combinado con
un aumento de la demanda de los sectores empobrecidos, generaron un incremento de sus niveles históricos de
rechazo y nos colocó en la obligación
moral de denunciar la existencia de excluidos absolutos en el acceso a los
servicios de salud.
El financiamiento de las
Seguridad Social se resintió, como consecuencia del empleo en negro y/o el desempleo (que
persiste en importantes sectores), la reducción de los aportes patronales, y
por el efecto negativo de la denominada flexibilización laboral que ha afectado
a las Obras Sociales Nacionales.
El sector prestador privado, en
buena parte dependiente de la seguridad social, presenta graves problemas de
financiamiento y de costos producto del aumento de los insumos importados; se
encuentra frente al desafío de sobrevivir en mercados globalizados en donde
concurren nuevos agentes económicos. El gasto de bolsillo en salud para la
gente se ha disparado, cualquiera sea el subsector donde se atienda y sobre
todo han desaparecido los ya reducidos rasgos de solidaridad de los servicios
instalando un comportamiento fragmentario plagado de barreras para el
acceso.
En este contexto la deserción del
Estado en su responsabilidad sobre la salud resultó evidente, basta para ello
verificar la total incoordinación entre los 3 subsectores, la fragmentación
intra e intersectorial, la discrecionalidad en el manejo de la coparticipación
y el desconcierto y el vacío de políticas y marcos legales bajo las cuales
operan los municipios lo que ha generado la más variada gama de soluciones,
algunas ingeniosas, otras solidarias y otras francamente regresivas y expulsivas.
Ante este escenario se hace
necesario garantizar el derecho a la salud movilizando para ello las diferentes
instancias del Estado y de la sociedad civil. No se trata de volver a la
antinomia Estado o Mercado sino de trabajar por un estado más social superador
del estado desertor de los 90. Es para ello necesario generar una autoridad sanitaria responsable y capaz de promover la salud de
la población, monitorear y prevenir los daños evitables, de favorecer la participación
social, de ofrecer servicios de salud de cobertura y calidad adecuada,
articulados en redes complementarias intra e interinstitucionales, de propiciar
un financiamiento de carácter equitativo y de regular la actividad privada para
garantizar el bienestar general. Por otro lado, la atención a la problemática
de los trabajadores de salud, que han padecido mensajes contradictorios y
postergaciones injustificables, adquiere un carácter prioritario en la dinámica
del sector.
Cuando la Salud es una Política
de Estado, este debe asumir la conducción del sector salud para revertir el
actual estado de deuda social. La concepción con la que se asume tal
responsabilidad es la de entender este espacio, como espacio de lo público y
una Política de Estado. Es decir considerar la salud como bien social y con una
intensa intervención del Estado en la regulación, provisión y control de sus
resultados. En este contexto el Estado actuará como garante del derecho
constitucional que tienen los habitantes, de acceder a los servicios y al cuidado
de la salud, para lo cual ejercerá su responsabilidad como regulador,
financiador y proveedor de servicios. También ejercerá sus funciones de control
en los tres subsectores, Publico, Privado y de Obras Sociales.
La inmensa mayoría de los problemas
de Salud son aquellos que no requieren para su resolución de costosa y
sofisticada aparatologías, todo lo contrario. La mayor parte de la demanda
conlleva para su resolución tecnología de bajo costo, mientras que una pequeña
parte de los problemas de salud y que están representados por aquellas
patologías de mayor gravedad requieren para su tratamiento niveles de
complejidad alta y que por consiguiente requiere costosas y sofisticadas
tecnologías.
Esta lectura de la realidad, nos autoriza a proponer soluciones que
logren mantener a las personas lo más sanas posibles, es decir, hacer que el
sistema cambie el eje de la enfermedad hacia el de la salud, y eso se logra con
programas preventivos que sean eficaces en función de sus objetivos y costos.
Surge entonces claramente y a consecuencia de ello, que éstos programas deberán
ser desarrollados en todos los niveles del sistema; el énfasis para su
desarrollo y aplicación, debe estar puesto en el lugar donde existe la mayor
demanda, ese lugar no es otro que el Primer Nivel de Atención.
